Los avances en materia de igualdad y la lucha contra la violencia de género en los últimos tiempos son innegables y,como sociedad,debemos felicitarnos por el trabajo realizado en este sentido, porque es mucho el camino avanzado si echamos la vista atrás.La Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género cumple quince años el próximo mes de diciembre, con lo cual es menor que una generación. Es importante tener esto en cuenta, porque a menudo arrojamos una mirada pesimista sobre este asunto, alentada por el constante goteo de mujeres asesinadas, de menores agredidas/os, del incremento de denuncias, y es inevitable la sensación de llegar tarde para demasiadas mujeres, niños y niñas que sufren el impacto de la violencia machista en su día a día.
Por eso, en este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, desde el Consejo General de la Psicología y el Colegio Oficial de la Psicología de Melilla deseamos señalar el importante avance que ha supuesto la legislación para la protección y el acompañamiento de las víctimas de la violencia de género, al tiempo que estimamos conveniente trasladar la importancia de continuar avanzando en medidas que favorezcan la erradicación total de las violencias contra las mujeres, así como la mejor protección de aquellas que sufren el maltrato por su condición de mujeres.
Como profesionales de la psicología manifestamos nuestro total rechazo a cualquier forma de violencia ejercida contra la mujer, ya sea psicológica, física o sexual, y queremos trasladar todo nuestro apoyo, afecto y solidaridad a las familias y personas allegadas a las víctimas de la violencia de género, que ha costado la vida a al menos 51 mujeres y 3 menores en 2019, y que ha dejado a 43 niños y niñas huérfanos como consecuencia de estos asesinatos.
Una de las modificaciones que urge adoptar es la adaptación de la normativa en materia de violencia de género al Convenio de Estambul, considerado el marco jurídico más completo para combatir la violencia contra niñas y mujeres, y que fue ratificado por España en 2014, ya que en nuestro país solo se tiene en cuenta la inequidad de género en la violencia en el ámbito de la pareja o expareja. Pero las implicaciones del género van más allá, como reconoció el propio Tribunal Supremo en la sentencia por la agresión sexual de los San Fermines de 2016, perpetrada por cinco hombres conocidos como «La Manada», que recogía en su dictamen final: «Los llamados delitos sexuales han sido un exponente claro de la función de las normas jurídicas en la recreación de los estereotipos y roles sociales que han definido durante siglos la distribución desigual de derechos y obligaciones, discriminando las posibilidades de las mujeres».
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, siempre que cuente con la necesaria dotación presupuestaria, es un instrumento idóneo para promover la necesaria perspectiva de género que reclama en ese extracto el Tribunal Supremo y que ha de trasladarse a todos los servicios públicos(sanidad, educación, justicia, servicios sociales…), para evitar que se continúe permitiendo la histórica discriminación que ha sufrido la mitad de la población. Un documento que recoge como uno de los ejes clave la educación, porque sin una apuesta decidida por trabajar la igualdad con los niños y las niñas, por la implantación de la coeducación en todos los centros escolares, por desmontar los mitos y creencias que sustentan el machismo en nuestra sociedad, sin todo esto no conseguiremos exterminar el maltrato y la violencia contra las mujeres.
La psicología es el ámbito científico-profesional más apropiado para liderar esta labor preventiva, ya que nos situamos en el ámbito de los prejuicios, las creencias, las emociones y las conductas, propias de nuestro perfil profesional; un perfil que no debería tardar en incorporarse a los equipos de los centros educativos de primaria y secundaria.
Construyamos desde el trabajo con el sistema educativo como base extendiéndolo a todos los servicios públicos una sociedad más equitativa, más justa, en la que mujeres y hombres, niñas y niños, podamos desarrollarnos en libertad.